Hecho diferencial

Una de las expresiones que recordamos de Jordi Pujol —presunto delincuente, ya que aún no ha sido condenado en firme— es la de “hay que respetar el hecho diferencial de Cataluña”, petición que realizaba en sus numerosas presencias públicas

Si hemos de interpretar lo que se reclamaba tenemos que recurrir a explicar que es ser diferente. Se dice que una cosa es diferente cuando es diversa, distinta, cuando no es parecida, cuando tiene cualidades particulares. En este sentido es claro que Cataluña es diferente de otras partes de España. Y lo es porque tiene características que le son propias y que no ostentan otras partes del Estado.

Pero no es la única que tiene cualidades diferentes. Todas las comunidades humanas tienen particularidades que son diferentes a las de otras comunidades, peculiaridades que posee cualquier territorio o colectividad, que le son propias, y que lo hacen diferente —en mayor o menor medida— a otros espacios del entorno.

Por otro lado, es público y notorio que en Cataluña se viven, utilizan y ostentan todas sus peculiaridades con total libertad. Lengua, usos y costumbres propias son practicadas en todo su territorio sin que nada ni nadie les impida su realización y manifestación.

Entonces ¿qué quería decir el señor Pujol con lo del hecho diferencial? Para explicarlo quizás podamos recurrir a lo que ocurre con los individuos o los pueblos. Aunque el tema es complejo, en aras de la brevedad que impone un artículo de este tipo, intentaremos simplificarlo.

Hay individuos o pueblos cuyas características o peculiaridades —económicas, sociales, políticas— están objetivamente en situación de inferioridad a las de otros pueblos o individuos. Pero generalmente éstos no reclaman su diferencia. No quieren ser considerados diferentes. Muy al contrario, quisieran ser como los otros, iguales a los que están en mejor situación que ellos.

Entonces ¿qué diferencias reclamaba el expresidente? Cuando se pide reconocimiento para la diferencia, con frecuencia subyace un sentimiento de superioridad que no se quiere hacer explicito. Se reclama ser considerado diferente para que se valore la diferencia como preeminencia. Y este sentimiento se define políticamente como supremacismo, la doctrina que mantiene la superioridad de unos pueblos con respecto a otros.

Sería bueno que nos aclararan lo que se pretende al reclamar el hecho diferencial.

Revolución digital

En el cambio del siglo XVIII al XIX, con la Revolución Industrial y la progresiva mecanización, los ciudadanos contemplaron asombrados como las máquinas comenzaban a desplazar a las personas de sus puestos de trabajo. Este fenómeno fue vivido por algunos como un camino negativo de la civilización, llegando unos pocos a organizarse violentamente contra lo que consideraban un retroceso de la humanidad.

Otros, conscientes de la inutilidad de tal lucha, propugnaron una Revolución Cultural simultánea que, dotando de mayor educación al hombre, permitiera un mejor encaje de estos cambios, sin que el ser humano resultara marginado.

En la actualidad estamos en otra revolución, la Revolución Digital, ante la que de nuevo han surgido temores sobre la posibilidad de que el ser humano sea sustituido —una vez más— por la maquina y, al final, no haya trabajo para la mayoría.

Si hemos de hacer caso a los sesudos analistas del futuro —si es que este análisis es posible o fiable— esto no ocurrirá, ya que las nuevas tecnologías traerán nuevas necesidades y con ello nuevas ocupaciones, por lo que el ser humano no debe preocuparse por su mañana laboral.

Pero la Revolución Digital no tiene solo esta perspectiva. De nuevo se plantea cual va a ser el lugar del hombre en este proceso. Algunos piensan —y quizás tengan parte de razón— que la llegada de los ordenadores ha hecho a la humanidad entera prisionera de sus redes, ha conseguido que la ciudadanía piense, opine, se exprese y actúe dentro del marco que establecen las máquinas.

Las redes sociales empezaron describiendo la vida real, pero su enorme desarrollo las ha convertido en las directoras de la vida, de tal manera que son ellas las que alimentan la realidad con sus modos, sus formas o sus tics. Pareciera que son los ordenadores —los llamados teléfonos inteligentes no son más que ordenadores— los que nos indicaran qué pensar y a qué parcela de toda la información que circula por la red nos está permitido acceder. Leemos, opinamos y distribuimos la supuesta información que nos llega por las redes sociales, ocupándonos casi exclusivamente de aquello que nos llega, olvidando con frecuencia otros temas que, quizás, serían de mayor interés para nosotros.

Y todo esto lo vivimos con una desenvuelta normalidad. Nos parece lo mas natural del mundo que sean las maquinas las que nos marquen qué leer, sobre qué opinar o de qué ocuparnos.

Anomia

Aunque en puridad anomia es ausencia de leyes, aquí nos vamos a referir más a la segunda acepción, o sea al conjunto de situaciones que se derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación.

Está generalmente aceptado que, al contrario de las sociedades centroeuropeas y nórdicas, los pueblos latinos —entre los que nos encontramos— son poco proclives al respeto de las normas. De hecho, se dice —jocosamente— que si Arquímedes hubiese vivido en estos países y en nuestros días hubiese formulado su famosa frase de la siguiente manera: “dadme una norma y yo os diré como esquivarla”.

Los individuos tenemos hábitos o costumbres, y como tales deben ser respetados, siempre y cuando no afecten a los de los otros individuos. Pero las sociedades tienen normas, y éstas deben ser respetadas por el conjunto de los integrantes de éstas. No se trata de sugerencias o deseos, sino de reglas de obligado cumplimiento, de tal manera que —una vez aprobadas— la comunidad se dota de instrumentos para forzar a los ciudadanos a cumplirlas y, en su caso, sancionar a los incumplidores.

Durante la dictadura, esta tendencia al incumplimiento de las normas encontraba su justificación en que éstas no habían emanado de la sociedad, sino que habían sido impuestas por un poder dictatorial y eran ajenas a la voluntad de los ciudadanos. Así se establecía la ilegitimidad de origen de la norma y los individuos se sentían autorizados a incumplirla.

Pero la dictadura finalizó hace mas de 40 años y desde entonces disfrutamos de una democracia que, a pesar de sus imperfecciones, está entre las de mayor calidad democrática del mundo. Desde hace muchos años, las normas se elaboran por administraciones democráticamente elegidas, y existen cauces legítimos para modificar aquellas que parezcan injustas o inadecuadas a los ciudadanos.

A pesar de ello, sigue existiendo entre nosotros una marcada tendencia a incumplirlas. Tanto en el ámbito político como en el social hay una cierta tendencia a la anomia: parlamentos que no respetan las leyes, administraciones que ignoran sus propias reglamentaciones y —cómo no— personas que solo se sienten obligados si la norma encaja con lo que él —individualmente— entiende como justo o adecuado.

La vida en sociedad nos condiciona a todos. La convivencia se basa en la confianza en que cada uno hará lo que debe hacer, con arreglo a las reglas que entre todos nos hemos dado. Lo contrario, el no respeto de las pautas de convivencia, dificulta —si no imposibilita— la normal coexistencia.

Denuncias anónimas

De todos es sabido que en nuestro país y en el ámbito laboral existen numerosas irregularidades. Desde trabajadores por cuenta ajena sin contrato hasta contratos por menos horas de las que se trabajan realmente, la lista de actuaciones fuera de la norma por parte de los “pícaros” podría ser muy amplia.

La lucha contra estas irregularidades es practicada, en la realidad, solamente por la inspección administrativa —claramente insuficiente— y, en menor medida, por las instituciones sindicales. Esto provoca que, a pesar de ser conocidas, las irregularidades sigan existiendo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Ante una actuación irregular —fuera de norma— por parte de una empresa o un compañero de trabajo, al trabajador con frecuencia solo le queda quejarse a la familia y/o amigos o encomendarse al sindicato correspondiente, a la espera de que su identidad no salga a la luz y pueda ser victima de represalias por su denuncia.

Este problema, que en Occidente no es exclusivo de España, ha recibido atención en otros países. En el ámbito anglosajón existe desde hace años toda una normativa reguladora de la denuncia del trabajador y de las garantías de que dicha denuncia no conllevará represalias para el denunciante. De hecho, hay un término para definir al denunciante —whisthleblower— y una amplia jurisprudencia sobre la denuncia —whisthleblowing—.

La Unión Europea se ha hecho eco de la situación en su ámbito y ha elaborado una propuesta de normativa que está próxima a ver la luz, en la que se contempla toda esta problemática, haciendo hincapié en la protección del trabajador denunciante, llegando incluso a plantear la posibilidad de instituir la denuncia anónima.

En España la figura del denunciante no está bien vista. Hay una amplia sinonimia despectiva para calificarlo —chivato, acusica, soplón, etc.— y pocos quieren caer en estos calificativos. Pero esperar que los demás —empresarios y trabajadores— hagan siempre, y en todos los casos, las cosas ajustadas a la norma no parece una actitud realista, a juzgar por la situación existente.

Esta propuesta de directiva de la Unión Europea, y su trasposición al ordenamiento español, va a suponer un importante reto desde el punto de vista jurídico, ya que entrarán en juego los derechos fundamentales de las partes implicadas, tales como la libertad de expresión, la intimidad y la tutela judicial efectiva. Pero también será, y quizás más, un reto social. Aceptar la existencia de los denunciantes, y valorarlos como una figura necesaria para la mejora del ajuste a la legalidad de empresas y trabajadores, se revela difícil.

Relatos

En los últimos meses estamos asistiendo al uso frecuente del término relato por parte de los comentaristas políticos. Han sucedido —están sucediendo— numerosos acontecimientos en la vida política del país que se acumulan y hacen difícil conservar la memoria de todos y, mucho menos, hacer un análisis de estos.

Se nos dice que, conscientes de esta realidad, parece que los protagonistas de los distintos partidos se dedican a estructurar un relato ordenado de lo sucedido para que los ciudadanos sepamos lo que ha ocurrido y de quien es la responsabilidad. Según este esquema, se trataría de conseguir el voto para aquel/aquellos que consigan tener un mejor relato de los hechos.

El relato es una narración estructurada en la que se representan sucesos mediante el lenguaje. Esto nos permite conocer los hechos que se narran. El relato se crea y transmite mediante el lenguaje oral y escrito, y para que podamos considerarlo como tal se necesitan tres partes: quien relata, qué relata y quien recibe la información.

En el caso que nos ocupa es evidente que el que relata es el político, que se refiere a aspectos de interés para su candidatura. La clave del tema es lo que se relata: el relato no implica necesariamente que los hechos narrados sean expresión de la realidad. De hecho, la mayor parte de los relatos suelen ser ficcionales —relativos a la ficción—, haciendo referencia a hechos irreales total o parcialmente.

Tradicionalmente en la dialéctica política se hablaba de propuestas concretas a realizar por parte del político o partido en cuestión —lo que se denomina programa político—, para que el ciudadano —receptor de la información— eligiera entre las distintas opciones. Parece que ahora, sin eludir estos contenidos, se hace hincapié sobre todo en la construcción de la narración —el relato— de los hechos que supuestamente han ocurrido. Y en dicha elaboración es evidente que es difícil sustraerse a la tentación de realzar los aspectos de interés para el/los candidatos y eludir aquellos más negativos o desagradables. O sea, sustituir total o parcialmente la realidad por ficciones agradables al oído del ciudadano.

Raros tiempos estos en los que la ficción —con frecuencia interesante— no complementa a la realidad, sino que la sustituye.

Calidad democrática

En un articulo anterior hablábamos de democracias y dictaduras y decíamos que la democracia se hace efectiva a través de una serie de acciones, que adoptan unas determinadas formas —aspectos formales de la democracia— bajo el que subyace el fundamento democrático, que es el ejercicio del poder por los ciudadanos.

Con notables excepciones en América y algún país en Asia, las democracias más asentadas están en Europa, siendo el democrático un sistema de gobierno al que se han incorporado en los últimos años varios países de lo que durante 70 años se denominó la URSS.

Pero el concepto democracia no es simple. Está compuesto por numerosos elementos que, a su vez, pueden existir en un determinado grado. Y ello permite apellidarla —democracias avanzadas, incipientes, formales, etc.— y establecer grados. Parece que tanto en la cantidad de requisitos como en la intensidad o amplitud con que se cumplan cada uno de ellos, se pueden establecer niveles de democracia. Es lo que podríamos llamar calidad democrática.

Tanto es así que, desde hace algunos años, se vienen estableciendo por diferente organismos clasificaciones de calidad democrática. Aunque se parte de la base de que todos los países incluidos pueden ser calificados de democracias, el grado e intensidad de las libertades y derechos de los ciudadanos son diferentes entre ellos. En todos estos estados los ciudadanos eligen a sus gobernantes, pero la práctica gubernamental no siempre —ni en todos los aspectos— se adecua a los estándares democráticos. Y ello está ocurriendo en la vieja y democrática Europa, en algunos de cuyos países no se respetan adecuadamente los derechos de todos sus ciudadanos.

Consciente de esta realidad, la Unión Europea (UE) ha propuesto la creación de un mecanismo de vigilancia que frene el deterioro de las libertades y del Estado de Derecho detectado en algunos de sus países miembros. Se trata de un Pacto de Calidad Democrática que aspira a imponer una disciplina similar a la que ha logrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el terreno presupuestario.

El nuevo instrumento, basado en la revisión periódica de parámetros como la independencia judicial o la seguridad jurídica, será una revisión periódica de unos países a otros sobre la situación del Estado de Derecho en cada uno de ellos. Al principio la participación de los estados será voluntaria y las conclusiones servirán para iniciar un dialogo político con aquellos países donde se detecten insuficiencias en el respeto a los valores fundamentales de la UE.

El reconocimiento de estas carencias en Europa y en pleno siglo XXI nos debe mover a reflexión. Se esta dando ante nuestros ojos un hecho sorprendente y doloroso: el pueblo soberano elige a un gobierno que, con sus decisiones, limita las libertades de sus ciudadanos. ¡Menuda paradoja!

La mentalidad científica

Desde hace al menos dos siglos el individuo se mueve entre dos tendencias aparentemente antagónicas. Por un lado, el racionalismo, basado en evidencias científicas, y por otro las creencias intuitivas o las imágenes subjetivas que el individuo se forma de la realidad que le rodea, En tales situaciones, cuando hay contradicciones entre ambas, la mente de la persona se inclina por creer aquello que se adecua más a su creencia, por más que la evidencia científica diga lo contrario.

El método científico, en el que se basa esta mentalidad, no existió siempre. Se desarrolló hace unos doscientos años, y desde entonces se ha usado para hacer avanzar a la ciencia. La mentalidad científica es una determinada manera de pensar, vinculada a un modo de reflexión sistemática, que pretende —y consigue— crear conocimiento y explicar nuestro mundo mediante la observación sistemática y la posterior comprobación de forma objetiva de las realidades observadas. Entendida como tal, esta mentalidad no es —ni debe ser— exclusiva de los científicos.

Con frecuencia, la mentalidad científica no nos facilita el conocimiento completo de algo, sino solo una parte de la realidad. Permite establecer una porción de la verdad, que en sucesivas investigaciones va siendo completada por nuevas aportaciones. Por otro lado, a veces las explicaciones que nos da la ciencia no se ajustan a las ofrecidas por la tradición o no coinciden con lo que el ciudadano de la calle considera de sentido común o con lo que él cree o piensa. Y esto se utiliza por parte de algunos para negar el valor de esta mentalidad, afirmando que en el pasado —a veces reciente— las cosas se han explicado de una manera que no coincide con la forma en que se explican en la actualidad.

Por ello, y a pesar de lo abrumador del conocimiento aportado por la ciencia, aún hay quien sigue sin aceptarla. Aunque la evidencia científica en contra es enorme, aún hay quien sigue pensando que la tierra es plana o las vacunas producen enfermedades en los niños, por poner solo dos ejemplos de creencias de moda.

El hombre común presenta cierta tendencia a resistirse ante afirmaciones científicas que contradicen sus creencias intuitivas o la imagen subjetiva que se forja de la realidad. Una vez que una idea, por nula base que tenga, se integra y generaliza en la mentalidad colectiva no es fácil su desarraigo por la autoridad científica.

¡Que le vamos a hacer!