Eficacia, eficiencia y efectividad

En los cursos de gestión que con profusión se imparten hoy día, hay tres palabras mágicas que se repiten como un mantra: eficacia, eficiencia y efectividad. Aunque las tres tienen la misma raíz, su significado es muy diferente.

De forma simplificada podemos entender como eficacia la capacidad de una acción para conseguir un fin determinado. Por ejemplo, un analgésico será eficaz si cuando lo tomamos desaparece el dolor que nos afecta. La acción —tomar la pastilla— consigue el fin perseguido —que cese el dolor—.

La eficiencia es otra cosa. Valora que cualquier acción tiene un coste —no solo monetario— y este aspecto debe contemplarse al hablar de la eficacia de algo. Si hay varias opciones que pueden conseguir el mismo fin, pero no todas cuestan lo mismo, su eficiencia no será la misma. Siguiendo con el ejemplo anterior, si dos pastillas consiguen quitar el dolor con igual eficacia, consideraremos como más eficiente la que sea más barata.

La efectividad contempla la eficacia y eficiencia de una acción en el contexto en el que se producen las actuaciones, en el mundo real, en la vida corriente. Siguiendo el ejemplo anterior, si el comprimido para aliviar el dolor es eficaz y eficiente, pero necesita de 12 horas de ayuno previas a su toma, es evidente que la mayor parte de los individuos en su vida diaria no van a respetar esta exigencia, por lo que el remedio no será eficaz en la realidad, o sea, no será efectivo.

En la gestión de la cosa pública, en que se administra el dinero de todos, estos tres conceptos se hacen especialmente relevantes, aunque mucho nos tememos que su uso no sea tan frecuente como debiera. Pensemos en los numerosísimos cursos de formación que se han financiado —y se financian— por la administración. Parece evidente que los fines que se persiguen son, sobre todo, dotar a los asistentes a los mismos de herramientas para su mejor inserción en el mercado laboral. Finalizados los cursos, la primera valoración a realizar sería analizar la eficacia de las actividades formativas, o sea, saber si los educandos han adquirido —y en qué grado— los conocimientos impartidos. Después habría que medir la eficiencia de los cursos, conocer si tal formación se ha conseguido con el menor coste para el erario público. Finalmente se tendría que comprobar la efectividad de estos programas de formación, averiguar en qué medida esos conocimientos y habilidades adquiridas han facilitado la consecución de un puesto de trabajo.

A la luz de lo que conocemos, en los numerosos cursos financiados por las administraciones públicas parece que la primera valoración no se ha hecho, o no se ha hecho adecuadamente. Y si no podemos hablar de eficacia de los cursos, piensen ustedes como vamos a valorar la eficiencia o efectividad de los mismos.

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