El poder de las administraciones públicas

Las administraciones públicas españolas gastan el 19% del PIB en la compra de bienes y servicios a empresas privadas. Esto ha supuesto para el conjunto de España y para el año 2015 más de 200.000 millones de euros.

En el ejercicio legítimo de su interés, las administraciones publicas establecen las normas que deben cumplir las empresas que quieran vender sus productos y servicios a las administraciones públicas. Los concursos que se convocan exigen que las empresas cumplan determinados requisitos legales: estar dadas de alta en el registro correspondiente, estar al corriente del pago de los impuestos, no haber sido sancionadas en los años previos, etc.

Estas exigencias, que toda empresa sabe que debe cumplir para poder contratar con las administraciones públicas, pueden —dentro de la legalidad— ser modificadas, aumentadas o disminuidas por la administración, y de hecho así ha ido ocurriendo a lo largo de los años.

Pero hay comportamientos de algunas empresas que no se ajustan a lo que la sociedad considera justo o adecuado. Así, contrataciones temporales repetitivas del mismo trabajador, publicidad engañosa, precios y condiciones abusivas, evasión de capitales, cláusulas suelo, intereses abusivos en los préstamos, despidos de personal en plena rentabilidad de la empresa, abuso de las horas extraordinarias, discriminación de la mujer, etc., son actuaciones realizadas con frecuencia por algunas empresas, que por otro lado cumplen con la legalidad exigida por los concursos públicos.

En estos casos es legítimo preguntarse si las administraciones públicas están haciendo todo lo que pueden —dentro de la legalidad— para estimular a aquellas empresas con mayor compromiso social y desincentivar a aquellas con un comportamiento menos comprometido con el hombre. En los pliegos de condiciones de los contratos pueden —y deben— figurar aquellas condiciones sociales que deben exigirse a las empresas que quieran obtener legítimo beneficio con el dinero público.

La capacidad de contratar por valor de más de 200.000 millones de euros al año parece una razón más que suficiente para que estas administraciones amplíen las exigencias de responsabilidad social a las empresas que quieran acceder a contratos públicos. Estos criterios deben estar en consonancia con lo que se supone que la administración desea: erradicar aquellos comportamientos inadecuados —cuando no claramente ilegales—que trabajan en contra del interés general, es decir del interés de los ciudadanos.

Esto permitiría demostrar que la acción política puede contraponerse —al menos en parte—a los poderes económicos, y no estar permanentemente subordinada a ellos.

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