El poder de las administraciones públicas

Las administraciones públicas españolas gastan el 19% del PIB en la compra de bienes y servicios a empresas privadas. Esto ha supuesto para el conjunto de España y para el año 2015 más de 200.000 millones de euros.

En el ejercicio legítimo de su interés, las administraciones publicas establecen las normas que deben cumplir las empresas que quieran vender sus productos y servicios a las administraciones públicas. Los concursos que se convocan exigen que las empresas cumplan determinados requisitos legales: estar dadas de alta en el registro correspondiente, estar al corriente del pago de los impuestos, no haber sido sancionadas en los años previos, etc.

Estas exigencias, que toda empresa sabe que debe cumplir para poder contratar con las administraciones públicas, pueden —dentro de la legalidad— ser modificadas, aumentadas o disminuidas por la administración, y de hecho así ha ido ocurriendo a lo largo de los años.

Pero hay comportamientos de algunas empresas que no se ajustan a lo que la sociedad considera justo o adecuado. Así, contrataciones temporales repetitivas del mismo trabajador, publicidad engañosa, precios y condiciones abusivas, evasión de capitales, cláusulas suelo, intereses abusivos en los préstamos, despidos de personal en plena rentabilidad de la empresa, abuso de las horas extraordinarias, discriminación de la mujer, etc., son actuaciones realizadas con frecuencia por algunas empresas, que por otro lado cumplen con la legalidad exigida por los concursos públicos.

En estos casos es legítimo preguntarse si las administraciones públicas están haciendo todo lo que pueden —dentro de la legalidad— para estimular a aquellas empresas con mayor compromiso social y desincentivar a aquellas con un comportamiento menos comprometido con el hombre. En los pliegos de condiciones de los contratos pueden —y deben— figurar aquellas condiciones sociales que deben exigirse a las empresas que quieran obtener legítimo beneficio con el dinero público.

La capacidad de contratar por valor de más de 200.000 millones de euros al año parece una razón más que suficiente para que estas administraciones amplíen las exigencias de responsabilidad social a las empresas que quieran acceder a contratos públicos. Estos criterios deben estar en consonancia con lo que se supone que la administración desea: erradicar aquellos comportamientos inadecuados —cuando no claramente ilegales—que trabajan en contra del interés general, es decir del interés de los ciudadanos.

Esto permitiría demostrar que la acción política puede contraponerse —al menos en parte—a los poderes económicos, y no estar permanentemente subordinada a ellos.

Inauguraciones y mantenimiento

Para dar un adecuado servicio a la ciudadanía las diferentes administraciones dotan construcciones, instalaciones y servicios. Fruto de la evolución económica y de las exigencias de los ciudadanos estas dotaciones han ido creciendo a lo largo de la historia.

En el caso de las construcciones, sea cual sea su tipología y finalidad —y dejando al margen el espinoso asunto de las construcciones innecesarias, motivo de otro artículo— todas tiene un acto inicial, que es la inauguración, que va seguido de un uso y, a plazo más o menos largo, de un deterioro.

El acto inaugural suele ser un momento gozoso, que cuenta con la anuencia de los ciudadanos y la publicidad —más o menos espontánea— de los medios. Es una buena oportunidad para el lucimiento de las personas, los administradores, los partidos, etc. Pasado el tiempo la instalación se irá deteriorando. Necesitará tiempo y dinero —siempre dinero— para seguir siendo útil para el fin creado. Y aquí quizás tengamos algo que aprender.

El mantenimiento —conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente— es una actividad que, entre nuestros gobernantes, no suele gozar de gran predicamento. El sostenimiento en buen estado de funcionamiento de las instalaciones es una labor diaria, callada, rutinaria si me apuran, de poco brillo. Todo lo contrario de las inauguraciones.

No vamos a negar que en los últimos años se han dado avances en este tema. Empiezan a aparecer programas de mantenimiento preventivo en ciertas áreas de la actividad de las administraciones, algunos con gran éxito. Pero todavía sigue siendo lamentablemente frecuente que las cosas se dejen ir poco a poco hasta que no sirven —o lo hacen muy mal— para el fin que fueron creadas. Llegados a este punto se hacen grandes planes de reforma integral para los que se necesitarán grandes cantidades de dinero, que acaso no hubieran sido necesarias si la instalación se hubiera mantenido adecuadamente.

Somos un país desarrollado. Quedaron atrás los años en que casi todo estaba por hacer. Ya tenemos muchas instalaciones que dan servicio a la ciudadanía. Serán necesarias todavía algunas más y sustituir las obsoletas. Pero el reto no está ya tanto en las inauguraciones —con su pompa y su brillo— sino en mantener en correcto funcionamiento lo mucho que ya tenemos. Aunque la labor sea menos brillante, nuestras autoridades deberían entenderlo así.

El Plan Bolonia

El denominado Plan Bolonia —Espacio Común Europeo de Educación Superior—surge tras la comparación realizada por las autoridades europeas entre el nivel alcanzado por las universidades anglonorteamericanas y las europeas.

En los diversos rankings que circulan sobre el nivel de calidad de las universidades en el mundo —cuya metodología puede ser discutible pero cuyos resultados son básicamente coincidentes— las universidades europeas, y especialmente las españolas, no salen muy bien paradas, ocupando lugares medios-bajos en las distintas clasificaciones.

Aunque esto no fue siempre así —hasta las Segunda Guerra Mundial las universidades referentes del mundo eran todas europeas—, a partir de los años cincuenta del pasado siglo este equilibrio se inclinó progresivamente hacia el lado inglés y norteamericano de la balanza.

Ante este problema se propuso hace ya más de 10 años un cambio en la formación universitaria europea. Se trataba de acercarla al modelo norteamericano, instituyendo una formación universitaria básica —el grado—, a semejanza de la que se obtiene en los college norteamericanos, de tres o cuatro años de duración, y potenciar los estudios de postgrado. Así los universitarios obtendrían una formación general que les capacitara para enfrentarse al mundo del trabajo —aprender a aprender—, mientras que los estudios de posgrado quedarían reservados a las profesiones clásicamente universitarias.

Pero el cambio en la duración de los estudios no es el único, ni siquiera el más importante, cambio propuesto. El plan modifica el sistema de créditos para las asignaturas y las carreras. La reforma establece una nueva definición del crédito. En lugar de medir las horas de clase, la nueva unidad de medida son las horas de trabajo del alumno, que incluye clases, prácticas, estudio personal, tutorías, exámenes, etc.

La propuesta pone el foco de la enseñanza en el aprendizaje por parte del alumno en lugar de en las horas de clase del profesor. Esto conlleva un profundo cambio en la actividad de los profesores, cuya labor fundamental pasa de dar las clases a evaluar el trabajo del alumno y las capacidades adquiridas por el mismo. Para ello, además de un cambio de mentalidad de buena parte del profesorado, hace falta dinero para dotar al profesorado y reducir el número de alumnos asignado a cada profesor.

Muchos nos tememos que, una vez más, nos vamos a quedar en las hojas —reducir la duración de la formación— y vamos a descuidar el rábano —enseñar a los alumnos a aprender, dar al alumno el protagonismo de su aprendizaje—. Ojalá no sea así.

Todas las opiniones no son respetables

Con el advenimiento de la democracia se ha generalizado una afirmación que requiere precisiones. Me refiero a la que dice que “todas las opiniones son respetables”.

La democracia consagra la libertad de expresión, y en ella se incardina esta afirmación, que se acepta como verdad absoluta, sin recordar que el propio principio en que se inspira —la libertad de expresión— encuentra límites en el ordenamiento jurídico que surge de la voluntad democrática de los pueblos.

Este derecho fundamental garantiza que cualquiera pueda expresar sus opiniones. A nadie se le pone —ni se le debe ni puede poner— una mordaza para que no diga lo que piensa. Pero algunas de esas opiniones no son aceptables por una sociedad democrática y se sanciona su formulación. Todos tienen derecho a hablar, pero lo que dicen no siempre tiene que ser respetado por sus conciudadanos, quienes pueden recurrir a las leyes —emanadas de las instituciones democráticas— para impedir que se sigan realizando determinadas manifestaciones.

Hay numerosos ejemplos en los que la justicia ha condenado a ciudadanos por el hecho de expresar ideas que no son tolerables en democracia. Piénsese en los partidarios del racismo, de la xenofobia, del genocidio, de la pederastia, de la incitación a la violencia —por poner algunos ejemplos—que no pueden expresarse sin caer en el riesgo de ser sancionados, incluso a veces con la privación de la libertad.

La constitución garantiza la libertad de expresar las opiniones, pero no afirma que todas ellas sean respetables. Hay opiniones que no solo no son respetables, sino que son condenables, y para ello la democracia se ha dotado de instituciones tales como el parlamento —que establece mediante las leyes lo que es permisible y lo que no—, y la justicia —que se encarga de aplicar a los trasgresores las leyes que emanan del parlamento—.

Tolerancia

La palabra tolerancia goza en la actualidad de un gran predicamento.  Ser una persona tolerante ha sido y es un rasgo positivo de la personalidad y lo contrario, ser intolerante, se valora como una característica negativa que debe ser rechazada por todos. Aunque pudiera parecer que siempre fue así, no en todas las épocas esta valoración fue igual. Durante siglos la intolerancia fue arma utilizada por tirios y troyanos, llegándose a hablar incluso por la iglesia de una santa intolerancia frente a determinadas desviaciones de la fe y de las conductas. Y probablemente por ello, en este país que tanto ha sufrido la intolerancia en el pasado, resurgió el concepto tolerancia tras la transición con una fuerza inusitada.

El concepto se ha estado tomando como un todo. Partiendo de su definición —“respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas ajenas, o hacia sus sujetos”— la cualidad se tiene o no se tiene. No se es un poco tolerante, o medio tolerante. Se es o no se es. Simplemente. Y los que lo son gozaban —gozan— de buena prensa, mientras que aquellos que opinan que determinadas opiniones o actitudes no merecen respeto o no deben tolerarse son descalificados.

No obstante, en los últimos tiempos venimos leyendo y oyendo con frecuencia que la tolerancia va a ser “cero” para estos o aquellos aspectos. Aquí probablemente se está utilizando otra acepción de la palabra tolerancia, la que hace referencia al “margen o diferencia que se consiente en la calidad, en la medida o en el tiempo”.

Parece pues que la tolerancia empieza a no ser considerada como una cualidad absoluta, sino relativa. Parece que ya no se trata de ser o no ser tolerantes, sino de cuanta tolerancia estamos dispuestos a aplicar a determinadas opiniones o actitudes. De cuanta diferencia entre lo que dicen o hacen los demás y lo que decimos o hacemos nosotros estamos dispuestos a aceptar.

Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque las opiniones o prácticas ajenas son a veces de una calidad o de una magnitud tal que la sociedad no las puede aceptar. Y entonces no podemos ser tolerantes. Quizás en estos casos tengamos la obligación de hacer saber a nuestros conciudadanos que esas opiniones o prácticas no se pueden aceptar en una sociedad democrática.

Comisiones de investigación

En los más de 40 años de democracia hemos asistido a la creación de numerosas comisiones de investigación por parte del parlamento nacional y de los parlamentos autonómicos. Ante la ocurrencia de determinados hechos —considerados lesivos para los ciudadanos—, los partidos políticos consideran necesario poner en marcha una de estas comisiones. En principio la comisión de investigación pretende conocer la realidad de lo ocurrido, analizar las causas por las que ha ocurrido, valorar si los hechos hubieran sido o no evitables y, en caso negativo, estudiar si eran inevitables en sí mismos o lo han sido por la inadecuada aplicación de las actuaciones disponibles necesarias por evitarlos. Tras esto se espera que la comisión proponga medidas que impidan la repetición de los hechos y, si ello no fuera posible, minimizar los efectos negativos observados.

Esto es lo que pensamos algunos. Pero es evidente que no es esta la forma habitual de actuar. Las comisiones de investigación, propuestas por los partidos políticos y constituidas por políticos de dichos partidos, parecen no pretender estos objetivos. Hemos podido observar hasta la saciedad que, en las distintas sesiones, lo que se pretende es erosionar al adversario político, haciéndolo responsable absoluto de los hechos, con la conocida técnica del “y tú más”. No recordamos a ninguna comisión de investigación que concluyera aclarando a la ciudadanía de forma simple lo realmente ocurrido —nótese que no recurro a la presuntuosa “la verdad”— y exponiendo de forma meridiana las medidas a adoptar en el futuro para evitar la repetición de los hechos. Y mucho menos aún que el informe final sea asumido por consenso de todos los miembros de la misma.

Viene al recuerdo la comisión de investigación del Parlamento Noruego, constituida por independientes, creada tras el asesinato por parte de un psicópata de más de 60 ciudadanos de ese país, cuya finalidad fue “establecer qué es lo que ha funcionado bien y lo que ha funcionado menos bien». En poco menos de 6 meses la comisión informó de lo sucedido, los fallos de seguridad que había detectado —flagrantes en algunas actuaciones de la policía— y las medidas que, a su juicio, se debían adoptar tanto en el cuidado de determinados enfermos mentales, como en los fallos de seguridad detectados en el funcionamiento de las fuerzas del orden.

Dada nuestra idiosincrasia, creemos que nuevas comisiones de investigación no tendrán un comportamiento muy diferente de lo visto hasta ahora. Va siendo hora de que dichas comisiones estén compuestas —de forma mayoritaria, si no exclusiva— por personalidades de reconocida independencia, honestidad y solvencia, que inspiren confianza en los ciudadanos y hagan propuestas de mejora. Otra cosa será la capacidad o no de los partidos para ponerse de acuerdo sobre quienes serían estas personalidades. Pero este es otro tema.