Meritocracia

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Meritocracia es aquel sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Esta definición goza de aceptación generalizada, al menos en los países occidentales. Casi todos están de acuerdo en que aquellos que gocen de autoridad lo hagan en función de unos méritos demostrables.

Esto es tan así que en la Constitución Española figura consagrado este principio en su artículo 103, en el que se establece que el acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Como todo principio general necesita ser definido y desarrollado para pasar de ser un concepto abstracto a una realidad que conforme nuestro sistema de gobierno.

Pero es a la hora de concretar donde desaparece el consenso que expresábamos al principio. Si nos adentramos en el significado de la palabra mérito, la situación se complejiza. En su primera acepción, mérito es la acción que hace al hombre digno de premio o de castigo. En este sentido habría méritos positivos y méritos negativos. Más en línea con lo que generalmente se acepta como mérito estaría la segunda acepción: el resultado de las buenas acciones que hacen digna de aprecio a una persona. La tercera acepción —aquello que hace que tengan valor las cosas— hace más referencia a los objetos que a las personas, por lo que la dejaremos aparte.

Como vemos el mérito precisa de concreción, ya que es una palabra polisémica. Se necesita definir qué vamos a entender como mérito en cada uno de los campos en que queramos utilizarlo. Alguien debe definir qué cualidades de las personas van a ser consideradas méritos para alcanzar un puesto de responsabilidad en la sociedad. Esas cualidades deben ser públicas y aceptables por los candidatos a los puestos. Y también deben ser aceptables y aceptadas con el conjunto de la ciudadanía.

No parece tarea fácil. A veces no se tiene claro quién debe definir los méritos. Otras veces no se cree que las cualidades definidas como tales sean realmente méritos. Y con más frecuencia no se acepta que las personas elegidas en función de esos méritos los tengan en realidad.

Se necesita un consenso social sobre este tema. Y total transparencia en el proceso. Una sociedad tiene que tener la certeza de que los que la dirigen son los más capacitados para hacerlo. Y aún se está muy lejos de ello.

Dictacracias o Demoduras

En lo que denominamos Occidente entendemos que las formas de gobernarse los pueblos son básicamente dos: democracia y dictadura. Y aceptamos que estos son conceptos antitéticos. La democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos, que lo hacen bien directamente, bien por medio de sus representantes. En las sociedades democráticas la soberanía reside en el pueblo, sus miembros pueden y deben participar en la toma de decisiones y en ellas hay igualdad en los derechos, cuya relación sería largo enumerar aquí. Por el contrario, dictadura es el régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales.

La democracia se hace efectiva a través de una serie de acciones, que adoptan unas determinadas formas. Así se realizan elecciones para elegir a los gobernantes, se constituyen parlamentos que controlan la acción gubernamental, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos en libertad, etc. El fundamento democrático —ejercicio del poder por los ciudadanos— se expresa en actos formales, que son su soporte. En democracia, las pulsiones de los gobernantes por controlar a los ciudadanos tienen el oportuno contrapeso en las actuaciones de estos para la defensa de su libertad.

En las últimas décadas han aparecido numerosos regímenes —Rusia, Turquía, Venezuela, Irán, por citar solo a algunos— que adoptan la forma democrática, pero cuyo comportamiento no se ajusta al fundamento democrático. Se mantienen determinadas formas —elecciones, parlamentos, etc.— pero se altera gravemente el ejercicio de la libertad de los ciudadanos para gobernarse. Así, se coarta la libertad de prensa y expresión, se encarcela a opositores —cuando no se les elimina físicamente—, se amañan elecciones, etc. Son estados cuyos políticos —que siguen ganando elecciones— mantienen la ficción de la democracia, pero han manipulado de tal manera el juego que el adversario nunca puede ganar.

Esto puede confundir a algunos ciudadanos. Estos países no son democracias, a pesar de que mantengan parte de las formas democráticas. El poder real no lo ostentan sus ciudadanos, fundamento del sistema democrático. Son dictacracias o demoduras, pero no democracias.

Es difícil explicar por qué los votantes de esos países continúan eligiendo a políticos cuyas actuaciones merman sus posibilidades de gobernarse por sí mismos. Quizás la clave esté en que —cada vez más— el voto lo dirige la emoción y no la razón. Es lo que persigue la posverdad que comentábamos en anterior artículo.

Posverdad

Siempre entendimos la verdad como opuesta a la mentira. Si aceptábamos que la verdad era la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, la adecuación de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, el juicio o proposición que no se puede negar racionalmente, la mentira era la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente, la no verdad.

A la hora de posicionarnos ante algo, o de tomar una decisión, solíamos analizar lo que se correspondía con la verdad, buscando hechos objetivos que la soportaran, con objeto de que nuestras posiciones o decisiones fueran correctas, cercanas a la verdad —realidad— y lejos de la mentira. Y cuando, por alguna razón, nos sentíamos abocados a mentir, lo hacíamos con la convicción de que lo que hacíamos no se ajustaba a la verdad, de que era mentira, aunque las circunstancias nos hubiesen llevado a tomar esa posición o decisión.

En los últimos tiempos la frontera entre estos conceptos antagónicos se está diluyendo. Recibimos continuamente mensajes que nos incitan a adherirnos a personas, productos o situaciones, argumentando razones que no tienen que ajustarse a la verdad, que pueden ser mentiras evidentes, pero que se consideran válidas con tal de que promuevan nuestra aceptación de lo que se nos propone.

Tal es así que los ingleses —siempre tan prestos a incorporar neologismos— han acuñado el término post-truth —posverdad— para referirse a aquellas situaciones en que “los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Lo que importa es que el mensaje promueva adhesiones, no la veracidad del mensaje.

Han ocurrido hechos —Brexit, triunfo de Trump, etc.— donde una buena parte de la sociedad estima que ha habido una relevancia excesiva de las cuestiones emocionales, donde se ha votado más con el instinto que con la razón o la lógica.

Parece existir un gran espacio entre la verdad objetiva y la verdad sentida. Y una gran parte de la ciudadanía empieza a sentir más confianza en afirmaciones que se sienten verdad, aunque no se apoyen en la realidad.

La posverdad puede ser una mentira asumida como verdad o incluso una mentira asumida como mentira, pero reforzada como creencia, como hecho compartido en una sociedad. Y parece que la posverdad ya no es solo un arma a disposición de la clase política, sino un poderoso y descontrolado recurso a disposición de los ciudadanos.

El poder de las administraciones públicas

Las administraciones públicas españolas gastan el 19% del PIB en la compra de bienes y servicios a empresas privadas. Esto ha supuesto para el conjunto de España y para el año 2015 más de 200.000 millones de euros.

En el ejercicio legítimo de su interés, las administraciones publicas establecen las normas que deben cumplir las empresas que quieran vender sus productos y servicios a las administraciones públicas. Los concursos que se convocan exigen que las empresas cumplan determinados requisitos legales: estar dadas de alta en el registro correspondiente, estar al corriente del pago de los impuestos, no haber sido sancionadas en los años previos, etc.

Estas exigencias, que toda empresa sabe que debe cumplir para poder contratar con las administraciones públicas, pueden —dentro de la legalidad— ser modificadas, aumentadas o disminuidas por la administración, y de hecho así ha ido ocurriendo a lo largo de los años.

Pero hay comportamientos de algunas empresas que no se ajustan a lo que la sociedad considera justo o adecuado. Así, contrataciones temporales repetitivas del mismo trabajador, publicidad engañosa, precios y condiciones abusivas, evasión de capitales, cláusulas suelo, intereses abusivos en los préstamos, despidos de personal en plena rentabilidad de la empresa, abuso de las horas extraordinarias, discriminación de la mujer, etc., son actuaciones realizadas con frecuencia por algunas empresas, que por otro lado cumplen con la legalidad exigida por los concursos públicos.

En estos casos es legítimo preguntarse si las administraciones públicas están haciendo todo lo que pueden —dentro de la legalidad— para estimular a aquellas empresas con mayor compromiso social y desincentivar a aquellas con un comportamiento menos comprometido con el hombre. En los pliegos de condiciones de los contratos pueden —y deben— figurar aquellas condiciones sociales que deben exigirse a las empresas que quieran obtener legítimo beneficio con el dinero público.

La capacidad de contratar por valor de más de 200.000 millones de euros al año parece una razón más que suficiente para que estas administraciones amplíen las exigencias de responsabilidad social a las empresas que quieran acceder a contratos públicos. Estos criterios deben estar en consonancia con lo que se supone que la administración desea: erradicar aquellos comportamientos inadecuados —cuando no claramente ilegales—que trabajan en contra del interés general, es decir del interés de los ciudadanos.

Esto permitiría demostrar que la acción política puede contraponerse —al menos en parte—a los poderes económicos, y no estar permanentemente subordinada a ellos.

Inauguraciones y mantenimiento

Para dar un adecuado servicio a la ciudadanía las diferentes administraciones dotan construcciones, instalaciones y servicios. Fruto de la evolución económica y de las exigencias de los ciudadanos estas dotaciones han ido creciendo a lo largo de la historia.

En el caso de las construcciones, sea cual sea su tipología y finalidad —y dejando al margen el espinoso asunto de las construcciones innecesarias, motivo de otro artículo— todas tiene un acto inicial, que es la inauguración, que va seguido de un uso y, a plazo más o menos largo, de un deterioro.

El acto inaugural suele ser un momento gozoso, que cuenta con la anuencia de los ciudadanos y la publicidad —más o menos espontánea— de los medios. Es una buena oportunidad para el lucimiento de las personas, los administradores, los partidos, etc. Pasado el tiempo la instalación se irá deteriorando. Necesitará tiempo y dinero —siempre dinero— para seguir siendo útil para el fin creado. Y aquí quizás tengamos algo que aprender.

El mantenimiento —conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente— es una actividad que, entre nuestros gobernantes, no suele gozar de gran predicamento. El sostenimiento en buen estado de funcionamiento de las instalaciones es una labor diaria, callada, rutinaria si me apuran, de poco brillo. Todo lo contrario de las inauguraciones.

No vamos a negar que en los últimos años se han dado avances en este tema. Empiezan a aparecer programas de mantenimiento preventivo en ciertas áreas de la actividad de las administraciones, algunos con gran éxito. Pero todavía sigue siendo lamentablemente frecuente que las cosas se dejen ir poco a poco hasta que no sirven —o lo hacen muy mal— para el fin que fueron creadas. Llegados a este punto se hacen grandes planes de reforma integral para los que se necesitarán grandes cantidades de dinero, que acaso no hubieran sido necesarias si la instalación se hubiera mantenido adecuadamente.

Somos un país desarrollado. Quedaron atrás los años en que casi todo estaba por hacer. Ya tenemos muchas instalaciones que dan servicio a la ciudadanía. Serán necesarias todavía algunas más y sustituir las obsoletas. Pero el reto no está ya tanto en las inauguraciones —con su pompa y su brillo— sino en mantener en correcto funcionamiento lo mucho que ya tenemos. Aunque la labor sea menos brillante, nuestras autoridades deberían entenderlo así.

El Plan Bolonia

El denominado Plan Bolonia —Espacio Común Europeo de Educación Superior—surge tras la comparación realizada por las autoridades europeas entre el nivel alcanzado por las universidades anglonorteamericanas y las europeas.

En los diversos rankings que circulan sobre el nivel de calidad de las universidades en el mundo —cuya metodología puede ser discutible pero cuyos resultados son básicamente coincidentes— las universidades europeas, y especialmente las españolas, no salen muy bien paradas, ocupando lugares medios-bajos en las distintas clasificaciones.

Aunque esto no fue siempre así —hasta las Segunda Guerra Mundial las universidades referentes del mundo eran todas europeas—, a partir de los años cincuenta del pasado siglo este equilibrio se inclinó progresivamente hacia el lado inglés y norteamericano de la balanza.

Ante este problema se propuso hace ya más de 10 años un cambio en la formación universitaria europea. Se trataba de acercarla al modelo norteamericano, instituyendo una formación universitaria básica —el grado—, a semejanza de la que se obtiene en los college norteamericanos, de tres o cuatro años de duración, y potenciar los estudios de postgrado. Así los universitarios obtendrían una formación general que les capacitara para enfrentarse al mundo del trabajo —aprender a aprender—, mientras que los estudios de posgrado quedarían reservados a las profesiones clásicamente universitarias.

Pero el cambio en la duración de los estudios no es el único, ni siquiera el más importante, cambio propuesto. El plan modifica el sistema de créditos para las asignaturas y las carreras. La reforma establece una nueva definición del crédito. En lugar de medir las horas de clase, la nueva unidad de medida son las horas de trabajo del alumno, que incluye clases, prácticas, estudio personal, tutorías, exámenes, etc.

La propuesta pone el foco de la enseñanza en el aprendizaje por parte del alumno en lugar de en las horas de clase del profesor. Esto conlleva un profundo cambio en la actividad de los profesores, cuya labor fundamental pasa de dar las clases a evaluar el trabajo del alumno y las capacidades adquiridas por el mismo. Para ello, además de un cambio de mentalidad de buena parte del profesorado, hace falta dinero para dotar al profesorado y reducir el número de alumnos asignado a cada profesor.

Muchos nos tememos que, una vez más, nos vamos a quedar en las hojas —reducir la duración de la formación— y vamos a descuidar el rábano —enseñar a los alumnos a aprender, dar al alumno el protagonismo de su aprendizaje—. Ojalá no sea así.

Todas las opiniones no son respetables

Con el advenimiento de la democracia se ha generalizado una afirmación que requiere precisiones. Me refiero a la que dice que “todas las opiniones son respetables”.

La democracia consagra la libertad de expresión, y en ella se incardina esta afirmación, que se acepta como verdad absoluta, sin recordar que el propio principio en que se inspira —la libertad de expresión— encuentra límites en el ordenamiento jurídico que surge de la voluntad democrática de los pueblos.

Este derecho fundamental garantiza que cualquiera pueda expresar sus opiniones. A nadie se le pone —ni se le debe ni puede poner— una mordaza para que no diga lo que piensa. Pero algunas de esas opiniones no son aceptables por una sociedad democrática y se sanciona su formulación. Todos tienen derecho a hablar, pero lo que dicen no siempre tiene que ser respetado por sus conciudadanos, quienes pueden recurrir a las leyes —emanadas de las instituciones democráticas— para impedir que se sigan realizando determinadas manifestaciones.

Hay numerosos ejemplos en los que la justicia ha condenado a ciudadanos por el hecho de expresar ideas que no son tolerables en democracia. Piénsese en los partidarios del racismo, de la xenofobia, del genocidio, de la pederastia, de la incitación a la violencia —por poner algunos ejemplos—que no pueden expresarse sin caer en el riesgo de ser sancionados, incluso a veces con la privación de la libertad.

La constitución garantiza la libertad de expresar las opiniones, pero no afirma que todas ellas sean respetables. Hay opiniones que no solo no son respetables, sino que son condenables, y para ello la democracia se ha dotado de instituciones tales como el parlamento —que establece mediante las leyes lo que es permisible y lo que no—, y la justicia —que se encarga de aplicar a los trasgresores las leyes que emanan del parlamento—.