Denuncias anónimas

De todos es sabido que en nuestro país y en el ámbito laboral existen numerosas irregularidades. Desde trabajadores por cuenta ajena sin contrato hasta contratos por menos horas de las que se trabajan realmente, la lista de actuaciones fuera de la norma por parte de los “pícaros” podría ser muy amplia.

La lucha contra estas irregularidades es practicada, en la realidad, solamente por la inspección administrativa —claramente insuficiente— y, en menor medida, por las instituciones sindicales. Esto provoca que, a pesar de ser conocidas, las irregularidades sigan existiendo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Ante una actuación irregular —fuera de norma— por parte de una empresa o un compañero de trabajo, al trabajador con frecuencia solo le queda quejarse a la familia y/o amigos o encomendarse al sindicato correspondiente, a la espera de que su identidad no salga a la luz y pueda ser victima de represalias por su denuncia.

Este problema, que en Occidente no es exclusivo de España, ha recibido atención en otros países. En el ámbito anglosajón existe desde hace años toda una normativa reguladora de la denuncia del trabajador y de las garantías de que dicha denuncia no conllevará represalias para el denunciante. De hecho, hay un término para definir al denunciante —whisthleblower— y una amplia jurisprudencia sobre la denuncia —whisthleblowing—.

La Unión Europea se ha hecho eco de la situación en su ámbito y ha elaborado una propuesta de normativa que está próxima a ver la luz, en la que se contempla toda esta problemática, haciendo hincapié en la protección del trabajador denunciante, llegando incluso a plantear la posibilidad de instituir la denuncia anónima.

En España la figura del denunciante no está bien vista. Hay una amplia sinonimia despectiva para calificarlo —chivato, acusica, soplón, etc.— y pocos quieren caer en estos calificativos. Pero esperar que los demás —empresarios y trabajadores— hagan siempre, y en todos los casos, las cosas ajustadas a la norma no parece una actitud realista, a juzgar por la situación existente.

Esta propuesta de directiva de la Unión Europea, y su trasposición al ordenamiento español, va a suponer un importante reto desde el punto de vista jurídico, ya que entrarán en juego los derechos fundamentales de las partes implicadas, tales como la libertad de expresión, la intimidad y la tutela judicial efectiva. Pero también será, y quizás más, un reto social. Aceptar la existencia de los denunciantes, y valorarlos como una figura necesaria para la mejora del ajuste a la legalidad de empresas y trabajadores, se revela difícil.

Relatos

En los últimos meses estamos asistiendo al uso frecuente del término relato por parte de los comentaristas políticos. Han sucedido —están sucediendo— numerosos acontecimientos en la vida política del país que se acumulan y hacen difícil conservar la memoria de todos y, mucho menos, hacer un análisis de estos.

Se nos dice que, conscientes de esta realidad, parece que los protagonistas de los distintos partidos se dedican a estructurar un relato ordenado de lo sucedido para que los ciudadanos sepamos lo que ha ocurrido y de quien es la responsabilidad. Según este esquema, se trataría de conseguir el voto para aquel/aquellos que consigan tener un mejor relato de los hechos.

El relato es una narración estructurada en la que se representan sucesos mediante el lenguaje. Esto nos permite conocer los hechos que se narran. El relato se crea y transmite mediante el lenguaje oral y escrito, y para que podamos considerarlo como tal se necesitan tres partes: quien relata, qué relata y quien recibe la información.

En el caso que nos ocupa es evidente que el que relata es el político, que se refiere a aspectos de interés para su candidatura. La clave del tema es lo que se relata: el relato no implica necesariamente que los hechos narrados sean expresión de la realidad. De hecho, la mayor parte de los relatos suelen ser ficcionales —relativos a la ficción—, haciendo referencia a hechos irreales total o parcialmente.

Tradicionalmente en la dialéctica política se hablaba de propuestas concretas a realizar por parte del político o partido en cuestión —lo que se denomina programa político—, para que el ciudadano —receptor de la información— eligiera entre las distintas opciones. Parece que ahora, sin eludir estos contenidos, se hace hincapié sobre todo en la construcción de la narración —el relato— de los hechos que supuestamente han ocurrido. Y en dicha elaboración es evidente que es difícil sustraerse a la tentación de realzar los aspectos de interés para el/los candidatos y eludir aquellos más negativos o desagradables. O sea, sustituir total o parcialmente la realidad por ficciones agradables al oído del ciudadano.

Raros tiempos estos en los que la ficción —con frecuencia interesante— no complementa a la realidad, sino que la sustituye.

Calidad democrática

En un articulo anterior hablábamos de democracias y dictaduras y decíamos que la democracia se hace efectiva a través de una serie de acciones, que adoptan unas determinadas formas —aspectos formales de la democracia— bajo el que subyace el fundamento democrático, que es el ejercicio del poder por los ciudadanos.

Con notables excepciones en América y algún país en Asia, las democracias más asentadas están en Europa, siendo el democrático un sistema de gobierno al que se han incorporado en los últimos años varios países de lo que durante 70 años se denominó la URSS.

Pero el concepto democracia no es simple. Está compuesto por numerosos elementos que, a su vez, pueden existir en un determinado grado. Y ello permite apellidarla —democracias avanzadas, incipientes, formales, etc.— y establecer grados. Parece que tanto en la cantidad de requisitos como en la intensidad o amplitud con que se cumplan cada uno de ellos, se pueden establecer niveles de democracia. Es lo que podríamos llamar calidad democrática.

Tanto es así que, desde hace algunos años, se vienen estableciendo por diferente organismos clasificaciones de calidad democrática. Aunque se parte de la base de que todos los países incluidos pueden ser calificados de democracias, el grado e intensidad de las libertades y derechos de los ciudadanos son diferentes entre ellos. En todos estos estados los ciudadanos eligen a sus gobernantes, pero la práctica gubernamental no siempre —ni en todos los aspectos— se adecua a los estándares democráticos. Y ello está ocurriendo en la vieja y democrática Europa, en algunos de cuyos países no se respetan adecuadamente los derechos de todos sus ciudadanos.

Consciente de esta realidad, la Unión Europea (UE) ha propuesto la creación de un mecanismo de vigilancia que frene el deterioro de las libertades y del Estado de Derecho detectado en algunos de sus países miembros. Se trata de un Pacto de Calidad Democrática que aspira a imponer una disciplina similar a la que ha logrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el terreno presupuestario.

El nuevo instrumento, basado en la revisión periódica de parámetros como la independencia judicial o la seguridad jurídica, será una revisión periódica de unos países a otros sobre la situación del Estado de Derecho en cada uno de ellos. Al principio la participación de los estados será voluntaria y las conclusiones servirán para iniciar un dialogo político con aquellos países donde se detecten insuficiencias en el respeto a los valores fundamentales de la UE.

El reconocimiento de estas carencias en Europa y en pleno siglo XXI nos debe mover a reflexión. Se esta dando ante nuestros ojos un hecho sorprendente y doloroso: el pueblo soberano elige a un gobierno que, con sus decisiones, limita las libertades de sus ciudadanos. ¡Menuda paradoja!

La mentalidad científica

Desde hace al menos dos siglos el individuo se mueve entre dos tendencias aparentemente antagónicas. Por un lado, el racionalismo, basado en evidencias científicas, y por otro las creencias intuitivas o las imágenes subjetivas que el individuo se forma de la realidad que le rodea, En tales situaciones, cuando hay contradicciones entre ambas, la mente de la persona se inclina por creer aquello que se adecua más a su creencia, por más que la evidencia científica diga lo contrario.

El método científico, en el que se basa esta mentalidad, no existió siempre. Se desarrolló hace unos doscientos años, y desde entonces se ha usado para hacer avanzar a la ciencia. La mentalidad científica es una determinada manera de pensar, vinculada a un modo de reflexión sistemática, que pretende —y consigue— crear conocimiento y explicar nuestro mundo mediante la observación sistemática y la posterior comprobación de forma objetiva de las realidades observadas. Entendida como tal, esta mentalidad no es —ni debe ser— exclusiva de los científicos.

Con frecuencia, la mentalidad científica no nos facilita el conocimiento completo de algo, sino solo una parte de la realidad. Permite establecer una porción de la verdad, que en sucesivas investigaciones va siendo completada por nuevas aportaciones. Por otro lado, a veces las explicaciones que nos da la ciencia no se ajustan a las ofrecidas por la tradición o no coinciden con lo que el ciudadano de la calle considera de sentido común o con lo que él cree o piensa. Y esto se utiliza por parte de algunos para negar el valor de esta mentalidad, afirmando que en el pasado —a veces reciente— las cosas se han explicado de una manera que no coincide con la forma en que se explican en la actualidad.

Por ello, y a pesar de lo abrumador del conocimiento aportado por la ciencia, aún hay quien sigue sin aceptarla. Aunque la evidencia científica en contra es enorme, aún hay quien sigue pensando que la tierra es plana o las vacunas producen enfermedades en los niños, por poner solo dos ejemplos de creencias de moda.

El hombre común presenta cierta tendencia a resistirse ante afirmaciones científicas que contradicen sus creencias intuitivas o la imagen subjetiva que se forja de la realidad. Una vez que una idea, por nula base que tenga, se integra y generaliza en la mentalidad colectiva no es fácil su desarraigo por la autoridad científica.

¡Que le vamos a hacer!

La mentira corre más que la verdad

En el pasado año se publicó un estudio en la revista Science, realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre la veracidad o falsedad de las noticias que circulan por las redes sociales y su grado y velocidad de difusión. Aunque el estudio originalmente se centró en los mensajes a través de Twitter, los datos han sido confirmados por otros investigadores en otras redes tales como Facebook, Whatsapp o Instagram.

Los investigadores hicieron un análisis detallado de 126.000 afirmaciones que habían sido difundidas en Twitter durante 10 años. Tras contrastar las informaciones, para poder separar sin ningún tipo de dudas las verdaderas de las falsas, pudieron comprobar que las informaciones falsas recibieron un 70% de retuits más que las verdaderas, o sea que los usuarios las compartieron mucho más entre sus seguidores.

Por otro lado —siempre según el estudio—, las afirmaciones veraces tardaron seis veces más tiempo en alcanzar a 1.500 personas que los bulos. Los investigadores también comprobaron que los usuarios que difunden noticias falsas, las que llegan más lejos y más rápido, no tienen cuentas importantes o muy seguidas. O sea, que son ciudadanos normales y corrientes, y no grandes líderes de opinión, los que más contribuyeron a la difusión de mentiras. 

Hoy sabemos que existe un número creciente de robots informáticos que se dedican a difundir noticias a través de las redes sociales. Los investigadores comprobaron que estas máquinas aceleraron la difusión de noticias verdaderas y falsas al mismo ritmo, lo que implica que las noticias falsas se extienden más que la verdad porque los humanos, no los robots, son los principales propagadores de noticias falsas.

Por otro lado, tras las investigaciones del Congreso de EE. UU., se ha comprobado que desde noviembre de 2016 tanto Twitter como Facebook y otras redes sociales han servido para propagar desinformación, ideas extremistas y mensajes polarizadores, en algunos casos de forma deliberada para engañar a la población, intoxicar la conversación pública y manipular procesos electorales en EE. UU., Alemania, Francia, Reino Unido y España.

Todo esto llevó al presidente de Apple, Tim Cook, a afirmar que habría que «proporcionar herramientas al consumidor para ayudar con esto. Hay que filtrar parte de ello antes de que salga sin que eso signifique perder la apertura de internet. En cierta forma está matando las mentes de la gente. […] Tiene que aplicarse en las escuelas y tiene que aplicarse en el público. Hay que montar una campaña masiva. Hay que pensar en todos los sectores demográficos». 

Parece que estamos en una época en la que, lamentablemente, algunos de los que ganan son los que invierten tiempo en conseguir la mayor cantidad de clicks en vez de contar la verdad. 

La leal oposición

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Los ingleses utilizan, desde hace unos dos siglos, la denominación “leal oposición” —Muy Leal Oposición de Su Majestad es el término correcto— para referirse a los partidos de la oposición, especialmente a aquel que, sin ostentar el gobierno, es el mayoritario.

El término pretende indicar que los partidos que no gobiernan pueden oponerse a las actuaciones del gobierno, que es aquel que ha obtenido un mayor número de escaños en la cámara legislativa y que, por tanto, es el que ostenta el poder legítimo. Y que esta oposición se realiza manteniendo la fidelidad —la lealtad— a la fuente de poder que es el propio gobierno. Esta concepción facilita el correcto funcionamiento de la democracia, ya que la oposición se puede oponer a las decisiones gubernamentales sin por ello ser acusada de traidora, y a la par guardar la debida lealtad al gobierno legítimamente elegido.

Esta denominación se utiliza en ciencia política para referirse a la oposición como «una fuerza política que, en un contexto pluralista, participa de la acción del poder, verificando su regularidad, discutiendo sus orientaciones e influyendo en sus decisiones a través del ejercicio de las distintas formas de control», en lugar de una «relación polémica entre grupos que tienden a excluirse o anularse recíprocamente».

En nuestro país, desde que accedimos a la democracia, parece que se ha instalado únicamente esta última concepción. Las sucesivas oposiciones que se han sucedido, con mayor o menor intensidad, han actuado con un sentido maniqueo de la acción política estableciendo que, por definición, ninguna de las medidas tomadas por el gobierno de turno es acertada.

Siendo esto malo, en los últimos años estamos asistiendo a una escalada en la que no solo se descalifica toda acción de gobierno, sino que se hace en un tono y unas formas cada vez mas cercanas a la grosería y a la zafiedad, llegándose a discutir la legitimidad de las decisiones gubernamentales.

Esta forma de entender la oposición —que podríamos llamar «desleal oposición»— está produciendo un progresivo alejamiento de la ciudadanía de la acción política, y de sus legítimos portavoces —los partidos—. Estos ciudadanos desencantados pueden ser presa fácil de los «salvapatrias» que se ofrecen para “solucionar” el problema. Quizás sea hora de que la mesura sea una cualidad que se incorpore a la acción política.

El camino a la oclocracia

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En un articulo anterior decíamos que la democracia —gobierno del pueblo—puede degenerar en oclocracia —gobierno de la muchedumbre—. Y que pueblo y muchedumbre no eran la misma cosa. Pueblo sería el conjunto de ciudadanos que queda simplificado en una unidad, como cuerpo único con voluntad única. mientras que el concepto de muchedumbre —masa, multitud— no participa de esa unidad y mantiene su naturaleza múltiple.

También apuntábamos el posible mecanismo por el que la voluntad libre e informada expresada por el pueblo podría convertirse en oclocracia, es decir, cuando se desnaturaliza la voluntad general y ésta se convierte en la expresión masiva de la voluntad de unos pocos y no de la población general.

¿Y cual es este mecanismo? Utilizando la demagogia, o sea, mediante el «empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política».

La demagogia sólo tiene en cuenta de una forma superficial y burda los reales intereses del país. Para los demagogos la conquista del poder está dirigida al mantenimiento de un poder personal o de grupo, y para ello se apela a emociones irracionales mediante estrategias como la promoción de discriminaciones, fanatismos y sentimientos nacionalistas exacerbados; el fomento de miedos e inquietudes irracionales; a la creación de deseos injustificados o inalcanzables. Se busca conseguir el apoyo popular mediante el uso de la oratoria, la retórica y el control de la población. Y para ello es fundamental apropiarse —servirse—de los medios de comunicación y de los servicios de educación con el fin de utilizar la desinformación como sustento de sus propuestas. Se empieza cuestionando la legalidad de las leyes y después se pasa a la no aceptación de aquellas que no convienen a los intereses de los demagogos —al pueblo dicen los que detentan el poder— para alcanzar la oclocracia.

Desde Rousseau, ilustres pensadores han informado sobre este permanente peligro para la democracia popular. Nos han señalado el interés de los oclócratas que ejercen el poder para hacer degenerar la democracia en oclocracia, con el objetivo de mantener su poder de forma inmoral, buscando una falsa legitimidad en el sector más ignorante de la sociedad, hacia el cual vuelcan todos sus esfuerzos propagandísticos y manipuladores.

No será porque no nos han advertido.